Reforzar los derechos laborales para prevenir la trata de seres humanos y la migración insegura
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Resultados de la conferencia global sobre la prevención de la trata de seres humanos y la migración insegura
1 de mayo de 2019
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| Mujeres de BOMSA, organización miembro de GAATW en Bangladesh durante una manifestación en mayo del 2014 en Daca. |
Cuarenta y cinco representantes de treinta y cinco organizaciones en favor de los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y contra la trata de seres humanos provenientes de 28 países se encontraron entre el 3 y el 5 de abril de 2019 en Bangkok, Tailandia, para discutir sobre los logros y las fallas de las iniciativas actuales para prevenir la trata de personas y la migración insegura.
Confirmamos una vez más que la trata de seres humanos y otras violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración por trabajo son el resultado de numerosas causas estructurales, incluyendo la injusticia económica perpetrada por las políticas neoliberales de privatización, de desregulación y austeridad, que se intersectan con el patriarcado y el racismo para devaluar e informalizar el trabajo de las mujeres, particularmente de las mujeres migrantes y racializadas.
Para lograr prevenir la trata de seres humanos y las violaciones de los derechos vinculadas a esta problemática, los estados tienen que abordar estas causas estructurales junto a sus compromisos dentro del área de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sociedad civil necesita abogar por cambios estructurales en los sistemas de dominación basados en la raza, el género y la clase social, y responsabilizar a los gobiernos por sus fallas en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Las iniciativas actuales para prevenir la trata a través de compromisos con el sector privado y la reducción de la demanda, las campañas de sensibilización y la facilitación de información a las y los (potenciales) migrantes no son suficientes para alcanzar estos objetivos y no logran abordar las relaciones asimétricas de poder entre las y los trabajadores y sus empleadores.
Reconocimos que alguna forma de participación del sector privado podría contribuir al objetivo de reducción de la explotación y de la trata. Sin embargo, la motivación para promover la responsabilidad social de las corporaciones, las auditorías internas y los reportes de medidas tomadas para garantizar la ausencia de explotación en las cadenas de suministro concibe una realidad en la cual el capital se autorregula para que los estados no tengan que hacerlo. Esto absuelve a los estados de responsabilidad, quita poder a los colectivos de trabajadoras y trabajadores y redirige la atención de la estructura de producción hacia la responsabilidad de empleadores y empresas individuales. Tales iniciativas no cuestionan el modelo económico dominante que se apoya en la explotación de la labor de migrantes con salarios bajos sino más bien, lo respaldan. Cualquier solución del sector privado debe ser desarrollada mediante conversaciones significativas con las y los trabajadores.
Las medidas para “acabar con la demanda” dispuestas a prevenir la trata en la industria sexual a través de la criminalización de la compra de sexo terminan perjudicando a las trabajadoras sexuales y no contribuyen mucho a la reducción del trabajo sexual o de la trata. Las medidas para acabar con la demanda de la mano de obra explotada y objeto de trata en la industria sexual y otros sectores necesita focalizarse en reducir las actitudes sociales que normalizan el abuso, el maltrato y la explotación de las personas migrantes y las mujeres, y en reforzar la capacidad de negociación de las y los trabajadores.
Constatamos que la conciencia del público en general sobre la trata de seres humanos es baja y es necesario que esto cambie para que las personas puedan protegerse y referir a otras (potenciales) víctimas de trata y explotación a los servicios de apoyo. Al mismo tiempo, notamos que las campañas de sensibilización se basan a menudo en suposiciones y no en estudios y evidencia. Los y las activistas en contra de la trata de seres humanos necesitan cuestionar estas suposiciones constante y seriamente para asegurar que están sensibilizando sobre el tema apropiado y que se dirigen al público correcto. Los y las activistas en sensibilización son los primeros que deben tomar conciencia. Necesitamos asegurar que las actividades de prevención se basan en lo que las personas migrantes y grupos en riesgo necesitan en realidad y no lo que nosotros y nosotras pensamos que necesitan. Estas actividades deben incluir la participación significativa de las personas que deberían beneficiarse y permitirles hablar sobre sus propios problemas.
Acordamos que es necesario acercarse a las y los (potenciales) migrantes en los países de origen y de destino, y darles información sobre migración y leyes laborales, condiciones de trabajo decente, sus derechos y dónde buscar ayuda en caso de violaciones a sus derechos. La información es poder y reduce los riesgos de trata. Sin embargo, nuestra experiencia colectiva muestra asimismo que incluso las personas que migran con toda la información necesaria, por las vías legales, para trabajar en sectores laborales regulados, pueden ser víctimas de violencia, acoso y explotación. La capacidad de las personas migrantes para utilizar la información que tienen puede variar según el género , la raza, la casta, la clase social, la deuda y la nacionalidad, así como los sistemas regulatorios y las estructuras económicas dominantes. Más aún, las y los trabajadores pueden ser víctimas de explotación en su propio pueblo, ciudad, país o incluso en su hogar, en el caso de empleadas/os a domicilio.
En última instancia, la trata de seres humanos y la explotación son el resultado de un desequilibrio en el poder entre la/el trabajador y la/el empleador. Esto es válido para las personas migrantes y nacionales, así como para las y los trabajadores en el sector formal e informal de la economía. Teniendo en cuenta la baja estima que se tiene del trabajo de las mujeres en general, su explotación en ciertos sectores “feminizados” es prácticamente la norma.
Considerando lo anterior, concluimos que los gobiernos tanto en los países de origen como de destino necesitan reforzar los derechos laborales y mejorar las protecciones en el trabajo con el objetivo de prevenir la trata, la explotación y otras violaciones de los derechos en el ámbito laboral. Esto incluye el reconocimiento de las protecciones laborales en los sectores no regulados, tales como el trabajo doméstico y sexual, así como para las y los trabajadores freelance y a domicilio. Esto también implica la eliminación de tasas de contratación, la abolición de las políticas restrictivas de migración para el trabajo, tales como las visas sujetas al empleador, con el objetivo de permitir a las y los trabajadores migrantes cambiar de empleador y a todas y todos los trabajadores, sobre todo las y los migrantes y quienes se encuentran en los sectores informales, a organizarse y unirse a los sindicatos. Finalmente, esto significa reforzar los sistemas de inspección laboral para que las condiciones de trabajo puedan ser monitoreadas de manera eficaz y los abusos sean reportados, poniendo los derechos laborales de las y los trabajadores migrantes regulares e irregulares por encima de las ofensas administrativas.
Representantes de las siguientes organizaciones estuvieron presentes en la conferencia:
Asia: Srijan Foundation/Jharkhand Anti-Trafficking Network, en India; Association for Community Development, en Bangladesh; Migrant-rights.org, en Qatar; Legal Support for Children and Women, en Cambodia; Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal, en Nepal; Foundation for Women, en Tailandia; Legal Resources Centre (LRC-JKHAM), en Indonesia; Yasanti, en Indonesia; Transient Workers Count Too (TWC2), en Singapur; Anti-Racism Movement, en Líbano; AMEL Foundation, en Líbano;
Africa: Platform for Labour Action, en Uganda; Organization for prevention, rehabilitation and integration of female street children (OPRIFS), en Etiopía;
Europa: La Strada, en República Checa; Focus on Labour Exploitation (FLEX), en el Reino Unido; CoMensha, en Holanda; FairWork, en Holanda; Open Gate/La Strada, en Macedonia del Norte; Ban Ying, en Alemania; Pro Tukipiste, en Finlandia; Victim Support Finland, en Finlandia; La Strada, en Ucrania; Novi Put, en Bosnia y Herzegovina;
América: Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., en México; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Associação de defesa da mulher, da infância e da juventude (ASBRAD), en Brasil; Safe Horizon, en los Estados Unidos; Freedom Network en los Estados Unidos; International Labour Rights Forum, en los Estados Unidos; Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN), en Canadá; Corporación Espacios de Mujer, en Colombia; Sindicato de trabajadoras domésticas (SINTRASEDOM), en Colombia; Asociación civil de DDHH mujeres unidas migrantes y refugiadas en Argentina (AMUMRA), en Argentina; Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, en Perú.