''El trabajo en redes es nuestra estrategia más grande y más fuerte en nuestra experiencia trabajando con trabajadoras sexuales y organizaciones de mujeres.''
Vivian: Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer más sobre Fundación Quimera. ¿Podrías contarme cómo nació esta organización? ¿Cuáles fueron los principales motivos que motivaron la fundación de Quimera?
Rosa: En Quimera consideramos que no hubo un motivo concreto o un conjunto de motivos para tomar la decisión de fundar Quimera. En 1996 ya había un contexto de movilización en el país y había antecedentes de organización de mujeres, en este caso de trabajadoras sexuales que se organizaron en 1982, en Machala, provincia de El Oro, frontera sur del Ecuador. Es importante resaltar que las trabajadoras sexuales conforman la primera y más grande organización de mujeres que habla de derechos (cuando en el país e incluso a nivel global se habló poco), y cuyo proceso no sólo ha perdurado sino que se ha expandido desde lo local a lo nacional y regional. niveles. Antes de ellos, en los barrios se habían formado organizaciones locales de mujeres, cuyas luchas se centraban en mejoras en los servicios básicos como el acceso al agua, alcantarillado, etc. Sin embargo, esta organización de las trabajadoras sexuales fue diferente porque su lucha se centró directamente contra la explotación y la discriminación que les afectaba. Estaban en contra del estigma de ser etiquetadas como “prostituta” o “mala mujer”, ya que les quitaba humanidad y legitimaba el abuso de las trabajadoras sexuales por parte de individuos (propietarios de sitios de trabajo sexual), autoridades e instituciones, familias y la sociedad en su conjunto.
Tuve la suerte de acompañar ese proceso desde el primer día, constituyendo para mí el aprendizaje más importante y enriquecedor para definir una posición feminista que supere prejuicios, conservadurismos y limitaciones. Por eso, cuando se constituyó Quimera en 1996, continuamos apoyando el proceso organizativo de las trabajadoras sexuales con las que mantenemos vínculos hasta el día de hoy. De igual manera, dos años después, en 1998, se formó el Movimiento de Mujeres de El Oro, y las líderes de trabajadoras sexuales participaron en igualdad de condiciones con otras mujeres líderes de diversos sectores.
Vale señalar que, en todos esos años del siglo XX, nuestra principal vinculación como Fundación Quimera fue con el grupo de feministas por la autonomía, liderado por Tatiana Cordero y Ana Lucía Herrera, entre otras.
Vivian: ¿Podrías contarme más sobre el enfoque de derechos en el que centraban su trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hacían con las trabajadoras sexuales, por ejemplo, considerando el contexto de esa época en Ecuador?
Rosa: Desde un principio, Quimera se centró en trabajar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo los temas de violencia de género y trata de personas, así como la prevención del VIH/SIDA. Esto nos generó el mayor aprendizaje al continuar en contacto con trabajadoras sexuales, pero también con población LGBTIQ, personas con VIH, migrantes, etc. Nos vinculamos a estos temas cuestionando enfoques puramente sanitarios y biomédicos, que incluyen el control de cuerpos y sexualidades, abogando siempre por procesos de empoderamiento donde las poblaciones afectadas por la discriminación y la exclusión social tomen la palabra, autorrepresenten sus intereses y se conviertan en sujetos de derechos. Por ello, también hemos trabajado con énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus liderazgos, así como de las capacidades locales e institucionales, impulsando procesos de incidencia en políticas públicas que pongan en el centro, y en contra, las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, marginación y criminalización.
Esta facilitación de procesos como el de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ha contribuido a desarrollar su liderazgo al punto que hoy son líderes poderosas, de cuya agencia seguimos aprendiendo para actuar juntos en la implementación de estrategias de exigibilidad, acceso, y ejercicio de derechos.
En cuanto a nuestro trabajo con la trata de personas y la violencia de género, fue en el año 1997 que iniciamos esta tarea junto a Tatiana Cordero y el Taller de Comunicación de Mujeres, realizamos investigaciones para visibilizar esta realidad en el Ecuador. Allí encontramos que había muchos casos de explotación sexual que también estaban vinculados a la trata, identificando las rutas que involucraban a mujeres que eran movilizadas desde otros lugares. Pudimos constatar que la trata estaba vinculada a un continuum de violaciones de derechos humanos, en contextos donde entran en juego determinantes sociales y estructurales que deben ser considerados para no ver la trata sólo como un delito o fenómeno aislado. También identificamos que la mayor existencia de trata se dio a nivel interno, que los grupos criminales no siempre correspondían a la idea de bandas del crimen organizado, sino también a grupos semi-estructurados, informales e incluso familiares. Pudimos identificar que los contextos en los que mayoritariamente ocurrieron estos casos fueron los de empobrecimiento y violencia. También fue revelador constatar que las instituciones del Estado y sus servidores públicos tenían una visión absolutamente culpabilizadora de las víctimas de trata, incluidas niñas y adolescentes en situación de explotación sexual, a quienes trataban como delincuentes y las recluyeron en casas destinadas a menores infractoras. En ese momento, no existían figuras legales en el Código Penal ecuatoriano para castigar estos delitos (por ejemplo, explotación sexual, trata de personas).
Desde el año 2000, con el apoyo de la OIT y otras agencias de cooperación internacional, hemos trabajado en programas pioneros para el país, donde una vez más señalamos la importancia de promover la prevención y un abordaje integral, basado en el respeto a los derechos de las víctimas y personas en riesgo, respuestas excesivamente punitivas y victimizantes, o criterios de culpabilización de las víctimas.
En el trabajo sostenido en red se fortalecieron las capacidades locales, los enfoques de género y derechos humanos y las políticas públicas. Por ejemplo, en 2005 contribuimos a reformas legales que permitieron el acceso a la justicia de las víctimas y creamos instituciones especializadas como albergues, ampliación del programa de protección de víctimas y testigos, judicialización y condena de los primeros casos de trata y pornografía infantil en el país- en 2006. Por otro lado, gracias a todo lo mencionado anteriormente, se adoptó un modelo que puso en el centro las necesidades de las víctimas y su derecho a la atención, protección y reparación integral, descartando la priorización de los procesos de judicialización como único medio de intervención. Este fue un proceso sostenido hasta el año 2013, donde mantuvimos discrepancias con la agenda global anti trata por su falta de incorporación del enfoque de derechos humanos y el predominio del Estado en respuestas punitivas, control migratorio y restricciones a la libertad de movilidad de personas.
Vivian: En el contexto actual, ¿cuáles son los mayores desafíos en materia de trata de mujeres, incluidas las mujeres migrantes que han tenido una fuerte presencia en los últimos años en el Ecuador?
Rosa: La trata en Ecuador ha aumentado considerablemente, ligada también al tráfico de migrantes que antes no era común en la frontera sur. Desde el COVID-19, a partir de medidas gubernamentales en materia de militarización y cierre de fronteras, se crearon “trochas” –cruces irregulares–. Esos caminos no existían anteriormente para las entradas y salidas transfronterizas. Lo único que existía hasta entonces era el contrabando de mercancías, como combustible, víveres, etc., pero no existían las “trochas” para trasladar personas de manera irregular de un territorio a otro. Ahora, la situación es aún peor porque, en el caso de los ciudadanos venezolanos, se requiere visa para ingresar a Perú -con quien compartimos la frontera sur-. Esto genera mayores riesgos de violencia para los migrantes que no tienen más remedio que cruzar en condiciones de mayor inseguridad y riesgos en esa frontera.
Las medidas de restricción por la pandemia de COVID-19 también llevaron, de hecho, a criminalizar el trabajo sexual, cerrando lugares y generando la creación y proliferación de otros de manera clandestina, a los que han tenido que recurrir y siguen recurriendo hasta el día de hoy, especialmente un gran número de mujeres migrantes que son específicamente perseguidas por los operativos de control migratorio. En estos espacios, la sobreexplotación y el abuso, así como la trata con fines de explotación sexual y laboral, son muy elevados y difíciles de detectar.
Además, esta situación también ha reactivado la tendencia a confundir la trata de mujeres con el trabajo sexual. Es un desafío, y creo que se ha vuelto muy relevante en los últimos años porque quieren convertir a cualquier mujer en víctima. Debemos trabajar más en este tema; ahora, en esta nueva era digital, podemos hacer muchas más cosas y evitar esta criminalización de las trabajadoras sexuales o verdaderas víctimas de trata.
En ese sentido, deberíamos desarrollar campañas con la GAATW y compartir ideas muy esclarecedoras porque es un tema muy importante en el que no se está abordando adecuadamente el problema de la trata de personas y, una vez más, solo quieren establecer esa confusión para ejercer mayor control sobre las mujeres, sus cuerpos y su agencia.
Vivian: Cuando mencionas que desarrollaron estrategias con mujeres, ¿cómo incorporaron estas perspectivas o aprendizajes al trabajar con ellas?
Rosa: El trabajo en redes es nuestra estrategia más grande y más fuerte en nuestra experiencia trabajando con organizaciones de mujeres. Como ejemplo reciente, quisiera mencionar que, en el contexto de la pandemia y la post pandemia, la profundización de la crisis estructural y las medidas restrictivas del Estado, combinadas con el aumento acelerado de la violencia y la presencia de grupos organizados bandas criminales, propiciaron un clima de alta vulneración de derechos. Según un estudio regional realizado a nivel de 9 países por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes (GTRM) durante octubre de 2021, el impacto desproporcionado de estas restricciones en las mujeres migrantes y de las comunidades de acogida fue evidente, particularmente las trabajadoras sexuales -que fueron criminalizadas-, jefas de hogar, mujeres indígenas y afrodescendientes. En este contexto, se hizo evidente la mayor falta de protección social y comprensión del Estado respecto de las necesidades prioritarias de estas poblaciones.
Entonces, fue el trabajo articulado entre las propias trabajadoras sexuales, las organizaciones de mujeres migrantes, la población LGBTIQ+ y personas con VIH que salieron a las calles y espacios públicos, incluso en plena pandemia, para denunciar la discriminación y exigir derechos. De esta manera, fortalecieron sus lazos de unidad y solidaridad para emprender iniciativas de autoayuda (ej. ollas comunes, espacios de albergue y autocuidado, recolección y entrega de apoyos). Además, mejoraron sus acciones de incidencia, a través de la suma de liderazgos, voces y propuestas para enfrentar la crisis. Creo que dan un ejemplo de buen liderazgo y autoorganización comunitaria, con redes que continúan y se expanden en defensa de sus derechos.
Se trata de experiencias que no han sido consideradas para el financiamiento de programas, que permitan asignarles recursos en el marco del respeto a su autonomía y liderazgo.
Para Quimera, estas experiencias de empoderamiento personal y colectivo siempre han constituido la oportunidad de alimentar conocimientos sobre realidades concretas a partir de la participación activa de las organizaciones comunitarias, sus saberes, códigos y lenguajes.
Vivian: Mencionaste que en Ecuador actualmente hay presencia de bandas del crimen organizado que están involucradas en la perpetración de casos de trata. ¿Existen desafíos directos al trabajo realizado por Fundación Quimera?
Rosa: Por supuesto, este tema está dificultando no sólo a Quimera sino el trabajo general de las organizaciones. Por lo tanto, aunque hay mucha trata -interna e internacional- no hay muchas denuncias y sigue siendo un delito casi invisible. Nuestro trabajo conjunto con trabajadoras sexuales nos permitió detectar casos de manera temprana. En el contexto actual, todo este trabajo se ha visto afectado porque implica demasiados riesgos para ellos y, por lo tanto, ya no tenemos un trabajo de identificación de casos tan sostenido. En estos últimos dos años hemos trabajado con la referencia de casos que vienen directamente del Estado, que también asume la responsabilidad de protección según su rol (Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores). Quimera también realiza las derivaciones necesarias a otras organizaciones e instituciones, para que las víctimas tengan acceso a una atención integral y multisectorial que responda a sus necesidades y derechos.
Sin embargo, los obstáculos no se reducen a la sola presencia de bandas del crimen organizado, lo que ha generado un ambiente de gran inseguridad, miedo e incertidumbre en el país. También hay desafíos que tienen que ver con las políticas y respuestas del Estado que se centran, una vez más, en las medidas restrictivas y la militarización de las principales ciudades del Ecuador. Las necesidades de reactivación económica, empleo y acceso a medios de vida para la gran mayoría de la población han quedado en un segundo plano. Más bien, hay un mayor empobrecimiento laboral, desempleo e informalidad, así como una lucha por la supervivencia.
Todo esto ha aumentado la brecha en el acceso a servicios esenciales como salud, educación, justicia y protección social , entre otros. Asimismo, invisibiliza el aumento de la violencia de género y reduce significativamente los presupuestos para las áreas social y de protección. Así, las instituciones de género están tratando de desaparecer en el país. De ahí que las mujeres, los jóvenes, los migrantes, la población LGBTIQ+ y las personas de barrios pobres y marginados sean perseguidos y criminalizados.
Vivian: Aprovecho que mencionaste GAATW, me gustaría saber ¿cuáles consideras que son las fortalezas de pertenecer a una alianza como esta? ¿Cómo se siente Quimera al ser parte de GAATW?
Rosa: Nos sentimos muy orgullosas y felices de pertenecer a la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres. Siempre hemos admirado su trabajo desde la distancia, porque en Ecuador antes no tenían miembros y ustedes no operaban aquí. Ahora, con nuestro primer encuentro presencial en Chile, nuestra colega pudo constatar el ambiente que se vive entre todas las organizaciones que conforman la GAATW-REDLAC en particular, y que muchas de ellas tienen un alto nivel de trabajo en lucha contra la trata y derechos humanos.
Por otro lado, lo que nos hace alinearnos con la GAATW es la claridad de su pensamiento crítico, donde coincidimos en que hay una posición política fuerte y definida frente a las nuevas agendas internacionales sobre cómo se está abordando este tema. En Quimera consideramos que existen esfuerzos colectivos iniciados por algunas organizaciones internacionales que pueden agregar valor al trabajo de las organizaciones comunitarias, pero que se encuentran en un nivel de poder diferente al de las organizaciones comunitarias como quienes formamos la GAATW. Este nivel desigual de poder y recursos está debilitando el trabajo y la respuesta de las organizaciones locales al problema de la violencia de género, la trata de personas y otras formas de explotación. Tenemos que centrar nuestras estrategias que apunten a las causas profundas de los problemas y empoderen a las mujeres, no en respuestas reactivas y costosas, que no prioricen la sostenibilidad de la vida y los derechos de las personas marginadas. Tiene que haber un cambio y creemos que la GAATW es muy crítica con eso y ahí es donde queremos estar.
Vivian: Muchas gracias por tus palabras Rosa, y por compartir mucho más sobre la historia de Fundación Quimera.