Panorama de la trata de personas en América Latina a la luz de la pandemia: Dinámicas de la trata de personas en Colombia y principales obstáculos para la asistencia a las víctimas

A pesar de la existencia de marcos normativos, leyes y decretos que reafirman la responsabilidad de los Estados en la lucha contra la trata de personas, en América Latina y Caribe siguen persistiendo condiciones que impiden la asunción de esta obligación en su totalidad y mantienen a las personas en una condición de permanente vulnerabilidad: desigualdad, desempleo, pobreza, violencias, escaso acceso a la educación superior y la formación profesional. A todo esto, se han sumado las consecuencias de la pandemia de COVID-19 con impactos desproporcionados en la economía y la sociedad.

Durante este período, la trata de personas en la región se ha mayormente invisibilizado, como se evidencia en la falta de inversión y capacitación especializada, así como en la poca atención que se le prestó ante las medidas de confinamiento y emergencia sanitaria implementadas por cada país. Nos encontramos en la región ante un retroceso muy fuerte en materia de derechos, igualdad y autonomía de las mujeres y niñas especialmente.

Como es notorio, en el mes de marzo de 2020, los gobiernos nacionales de nuestros países declararon la emergencia sanitaria con el fin de tomar medidas rápidas frente a la propagación del coronavirus, y acompañaron las declaraciones con medidas restrictivas drásticas que impactaron en la agudización de los problemas estructurales de la región:

1. Ha aumentado la desigualdad y la pobreza: las medidas fiscales adoptadas han sido importantes, pero se han revelado insuficientes en monto, alcance y duración. Las consecuencias en el mundo del trabajo han sido nefastas: pérdida de empleos, quiebra de empresas de todos los tamaños y una brusca caída en los ingresos de las personas. A esto se han sumado los déficits de trabajo decente en la región, reflejados en un incremento de la alta tasa de informalidad laboral^[1] existente antes de la pandemia. Durante las restricciones sanitarias, las inspecciones laborales no se pudieron desarrollar de manera presencial y esto llevó, por un lado, a la sensible reducción de los controles y, por el otro, al incremento de situaciones de informalidad y precariedad laboral, debidas también a la necesidad de reducir los costos de producción para mantener la competitividad. Las mujeres y las personas mayores han estado entre las poblaciones más afectadas, dado que por primeras han perdido sus trabajos. En cuanto a la pobreza, la CEPAL^[2] estima que, solo en el 2020, el número de pobres en la región aumentó de 22 millones de personas (en la región son más de 200 millones).
2. Ha aumentado la violencia de género o violencias hacia las mujeres, evidenciadas por las altas tasas de feminicidio registradas. La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención. De igual forma, la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad han afectado la atención a las víctimas de violencia sexual. La violencia por razón de género contra las mujeres ha ocurrido prevalentemente en el ámbito doméstico, pero también en el ciberespacio, este último especialmente preocupante en tiempos de alta exposición a medios digitales por causa del distanciamiento físico.
3. La trata de personas ha ido intensificándose en el ciberespacio, aún más con las redes sociales, llevando a los tratantes a ajustarse a este nuevo modelo para captar a víctimas y promover formas de explotación sexual y prostitución forzada en hoteles, clubes nocturnos o fiestas clandestinas. De hecho, en el contexto de la tecnología digital, aumenta la posibilidad de ocultar información personal o rastrear pagos anónimos en los medios sociales, en la “web oscura” y en las plataformas de mensajería, que proporcionan un acceso fácil a las posibles víctimas. La pandemia ha evidenciado un aumento de la captación para fines de explotación sexual en línea, la demanda de contenido de abusos sexuales infantiles y la trata de niñas y niños con fines sexuales facilitada por la tecnología.
4. Se ha dificultado la identificación de las víctimas de trata de personas, difícil ya en condiciones normales por la reluctancia de las mismas víctimas a acudir a la justicia y la limitada capacidad de organizaciones y organismos prepuestas a detectarlas. De acuerdo con la CEDAW, las mujeres y las niñas migrantes corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en frontera y en el país de destino. Muchas mujeres migrantes se insertan en empleos informales y precarios, en sectores “poco calificados” como los servicios de cuidados, domésticos y de manufactura, en los cuales se perpetúan los estereotipos sexistas que los definen como “trabajo de mujeres”. Las migrantes, en particular las trabajadoras domésticas y agrícolas, pueden verse confinadas en su lugar de trabajo y no tener acceso a información sobre sus derechos y prestaciones, lo que las expone al riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Incluso, se han visto coaccionadas a ejercer la prostitución al no encontrar otras opciones, así sean informales.

Dinámicas de la trata de personas en Colombia

Según datos del Ministerio del Interior, entre el 2016 y el 2021 se han registrado en Colombia 697 casos de trata de personas con un incremento anual constante. De las 76 del 2016 se ha pasado a las 181 del 2021, con una sola inflexión en el 2020, cuando se registró una disminución causada por la pandemia del COVID-19 que limitó los movimientos nacionales e internacionales.

• 85 % de las víctimas se reconoce en el género femenino: 592 mujeres contra 105 hombres.
• Las niñas, niños y adolescentes representan el 16 % del total: 108 víctimas.
• Las víctimas extranjeras han sido el 25 %: 172 personas, es decir, un cuarto de la totalidad de las víctimas registradas en el país.

Solo el año pasado (2021) en Colombia, la situación fue la siguiente:

Los mayores obstáculos para la asistencia a las víctimas

El marco normativo colombiano contempla dos tipos de asistencia a las personas víctimas de trata: inmediata, es decir, de emergencia durante los primeros cinco días desde la notificación del caso (de hecho, la asistencia inmediata aplica casi exclusivamente para las víctimas de trata internacional, ya que la trata interna no tiene tiempos tan inmediatos para su identificación), con servicios orientados a cubrir las necesidades de alojamiento, alimentación, transporte y documentación, asesoría jurídica y valoración médica, y asistencia mediata durante los siguientes seis meses, con servicios que apuntan a su restablecimiento integral y que incluyen acompañamiento psicosocial y jurídico, asistencia médica, educación, formación para el trabajo y generación de ingresos.

Las organizaciones de la sociedad civil también aplican el mismo esquema de asistencia, bien conscientes de que el Estado tiene toda la responsabilidad primaria.

Las rutas estatales están diseñadas para asistir de manera integral a las personas víctimas y llevarlas al restablecimiento de los derechos. Sin embargo, desde la sociedad civil encontramos obstáculos, y por lo tanto retos, para que el Estado cumpla con las normas, y estos no solo están presentes en Colombia:

1. La mirada de muchos funcionarios estatales hacia la trata de personas está orientada a identificar y perseguir el delito más que a garantizar los derechos humanos de las víctimas, no aplicando una perspectiva de derechos humanos y de género respetuosa de los intereses y necesidades de las víctimas.
2. Es escasa la asignación de presupuesto institucional específico o suficiente para la lucha contra la trata, en este caso para la asistencia a las víctimas. En Colombia, por ejemplo, se mantiene alto el número de entidades estatales, ministerios y gobiernos territoriales que no cuentan con presupuesto específico, por lo que se dificulta la medición e impacto de sus acciones en el territorio frente a este delito y, en menor medida, la garantía de un total restablecimiento de derechos de las víctimas.
3. Las instituciones públicas centrales y locales tienen poca coordinación y articulación de acciones entre ellas, por lo cual puede haber duplicación de esfuerzos en la provisión de servicios.
4. Los funcionarios públicos capacitados no tienen estabilidad y continuidad en el sistema, no permitiendo hacer seguimiento de las acciones y evaluarlas en su cumplimiento. Muchas veces tienen también confusión en la conceptualización y entendimiento del delito, como pasa, por ejemplo, frente al libre ejercicio de la prostitución (entendido como decisión autónoma de la persona) que no puede ser entendido y atendido como un caso de trata con fines de explotación sexual.
5. No se concretan oportunidades educativas y laborales para las víctimas que les permitan superar las condiciones de base que las colocaron en una situación de vulnerabilidad y que pueden llevarlas nuevamente a la trata. El SENA[3] tiene un rol fundamental en este aspecto.
6. No se hace seguimiento a las medidas implementadas para poderlas ajustar si es necesario. No es suficiente reportar un presunto número de víctimas y luego ignorar lo que pasó con ellas, sobre todo cuando se trata de personas extranjeras.
7. Las diferencias entre los datos proporcionados por las diferentes entidades son muy altas: Ministerio del Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Fiscalía General, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Comités territoriales no coinciden sobre el número de víctimas remitidas o los procesos de asistencias iniciados y cerrados.
8. No se presta suficiente atención a las víctimas indirectas: ¿Qué pasa con el grupo familiar de la víctima directa? ¿Cómo se promueven entornos seguros para que las sobrevivientes de trata de personas cumplan con su proyecto de vida?

Buenas prácticas de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades

Para la elaboración de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024, el Ministerio de Interior promovió la realización de seis mesas de expertos en las cuales participaron las entidades que integran el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, delegados de distintas entidades del Estado y de entidades territoriales, representantes de la cooperación internacional, la academia, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores.

Los comités territoriales de lucha contra la trata de personas cuentan con la participación de la sociedad civil entre sus integrantes, activamente involucrada en la definición de los Planes de Acción.

^[1] OIT Panorama Laboral 2020 Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2020. P. 204.

^[2] CEPAL, Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia, 8 de julio 2021. https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia

[3] Servicio Nacional de Aprendizaje. Para más información, ver: https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx