Comunicado: La problemática de la Trata de personas a dos años de la pandemia

: Published: 10 December 2021

Algunas reflexiones desde América Latina y el Caribe

10 de diciembre de 2021

A pesar de la existencia de marcos normativos, leyes y decretos que reafirman la responsabilidad de los Estados en la lucha contra la Trata de personas, en América Latina y el Caribe siguen persistiendo condiciones que impiden la asunción de esta obligación en su totalidad y mantienen a las personas en una condición de permanente vulnerabilidad: desigualdad, desempleo, pobreza, violencias, escaso acceso a la educación superior y la formación profesional. A ellas se han sumado las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la economía y la sociedad y los impactos desproporcionados de la emergencia climática en la población de la región.

Durante este período, numerosas organizaciones sociales y de la sociedad civil en América Latina y el Caribe hemos expresado nuestra preocupación por el debilitamiento de las democracias y el estado de derecho, al tiempo que hemos denunciado el avance de las fuerzas de seguridad, la militarización de las fronteras y la criminalización de las personas migrantes y defensoras de derechos humanos en nombre de la pandemia de COVID-19. Asimismo, quienes conformamos la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas (GAATW-REDLAC) hemos llamado la atención sobre la creciente invisibilidad de la problemática de la Trata de personas en la región, puesta en evidencia por la falta de inversión y capacitación especializada y, en muchos casos, por la total desatención[1] de este fenómeno ante las medidas de confinamiento y emergencia sanitaria implementadas por cada país.

Nos encontramos ante un retroceso muy fuerte en materia de derechos, igualdad y autonomía de las mujeres y niñas en la región, y creemos que urge revisar y redoblar los esfuerzos de los Estados, la sociedad civil y el sector privado para hacer frente a los enormes desafíos que el contexto actual presenta para poner fin a toda forma de Trata y explotación.

Desafíos estructurales

El impacto de la pandemia de COVID-19 en las desigualdades estructurales que desde hace tiempo aquejan a América Latina y el Caribe (pobreza, desempleo, informalidad, desprotección social, violencias y vulnerabilidad) y la redirección de los esfuerzos y recursos estatales hacia la contención de la crisis sanitaria -en un contexto de agudización de la crisis socioeconómica y altos índices de desempleo; debilitamiento de la institucionalidad y la democracia y persistencia de la corrupción; aumento de la violencia de género o violencias hacia las mujeres y las crisis migratorias- han restado influencia y atención a la lucha contra la Trata de personas en la región. Las medidas y respuestas de los Estados frente a esta problemática se han visto debilitadas y en muchos casos totalmente interrumpidas, comprometiendo el progreso logrado hasta la fecha y resultando en un mayor riesgo de Trata para aquellas poblaciones en condiciones de profunda vulnerabilidad.

Llamado urgente a la acción

En este contexto complejo y desalentador, entendemos que es más necesario que nunca trabajar en red y posicionarnos en la arena regional y global, amplificando las voces y las realidades de las mujeres y niñas con quienes trabajamos día a día, exigiendo que se respeten sus derechos y se hagan oír sus demandas por una vida digna, justa y libre de todo tipo de violencia y explotación.

Esta crisis es una oportunidad para redoblar el compromiso y la voluntad de la sociedad en su conjunto para poner fin a la Trata de personas y la explotación; compromiso que requiere de una comprensión crítica y fundamentada del paradigma sociopolítico y económico que crea y mantiene las desigualdades, la explotación y la injusticia a nivel global y en los contextos regionales, nacionales y locales[2].

Entendemos que, para prevenir eficazmente la trata, los Estados deben abordar los factores estructurales que están detrás de la vulnerabilidad, de acuerdo con sus compromisos existentes en el marco de la CEDAW y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco apropiado para continuar este trabajo que GAATW-REDLAC viene realizando colectivamente desde 2007. Sin embargo, hasta tanto no veamos un progreso real hacia el logro de estos objetivos, debemos continuar desafiando los regímenes existentes, exigiendo rendición de cuentas por parte de los Estados y proponiendo soluciones alternativas. Algunos puntos clave para ello son:

La necesidad de garantizar un abordaje de derechos humanos y de género[3] sobre fenómenos complejos como lo son la migración, el trabajo y la trata, anclado en las voces, experiencias y realidades de las comunidades afectadas, y sobre todo respetuosas de su agencia, sus intereses y sus necesidades.
La ratificación, el cumplimiento y el monitoreo de convenios e instrumentos internacionales a favor de los derechos laborales de todas las personas, particularmente aquellas empleadas en sectores con mayor vulnerabilidad a la trata, la explotación y la violencia (mujeres, migrantes, indígenas y afrodescendientes): particularmente los convenios C189 y C190 de la OIT.
El avance hacia la recuperación económica y el desarrollo sostenible con igualdad tal como lo planeta la CEPAL, apoyándose en la economía feminista y la economía del cuidado para el reconocimiento y la valorización económica y social del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres. Esto implica inversión, creación de empleo y oportunidades de participación en la economía para las mujeres[4].
La prevención, mitigación y gestión del impacto del cambio climático que agrava la migración por situaciones de emergencia y el avance hacia una transición justa.